Foto: David Knox

NOTICIA

¿Más poder al poder?

Debido a las recientes declaraciones del fiscal general Eduardo Montealegre desde la universidad de Harvard en las que afirma que en el Gobierno Nacional no se ha descartado la posibilidad de realizar un referendo en octubre preguntando si “se otorgan o no facultades al presidente de la República para que dentro de los límites consagrados en la constitución y por la corte constitucional se le dan esas facultades para desarrollar el Marco Constitucional para la Paz y se otorga un término”, se plantean algunas dudas en lo referente al proceso de refrendación de los acuerdos alcanzados con los guerrilleros de las FARC en la Habana.

En palabras del Magistrado Alfredo Beltrán, “El presidente de la República es el encargado por la Constitución de mantener el orden público, restablecerlo para cuando sea perturbado y es obvio que si se llega un acuerdo eso tiene que ver con esa atribución presidencial. Lo que el presidente de la República no tiene es atribuciones distintas a las de la constitución para que se pueda llegar a ejercer unas facultades que esa legislación le da con miras a que se incorpore a la organización civil a quienes hoy se encuentran alzados en armas. Nuevas atribuciones ni el Gobierno las ha pedido ni el Congreso las discute y si se tratara de unas facultades extraordinarias habría que mirar si quebrantan o no la separación de las funciones con las ramas judicial del estado”.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por su parte, negó las versiones sobre una ley habilitante que otorgue al presidente Santos facultades totales para la firma del acuerdo con las FARC.

¿Cuáles serían esas facultades?

En la hipotética pregunta planteada por el fiscal no se especifican las facultades especiales que serían otorgadas al presidente. Es más, denominar esas facultades especiales si se encuentran “dentro de los límites consagrados en la constitución y por la corte constitucional” suena un poco contradictorio. Por otra parte, si entre las funciones del presidente según el artículo 189 de la Constitución Nacional en el punto 6. lo faculta para “Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso.”
Si esto es una atribución del presidente en el caso de una agresión extranjera, ¿no sería posible extender esas atribuciones para el caso del conflicto interno?
La opinión de la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez es que “lo único que se conoce es que se está trabajando un proyecto de ley que se presentaría en el congreso para que el presidente de la república tenga la autorización, la autonomía para poder hacer la negociación con las Farc sin que en esa negociación se le consulte nada al pueblo colombiano. Eso sería totalmente inaceptable porque en esta negociación con las Farc el país va a asumir compromisos que van a durar muchos años y sobre esos compromisos es obvio que el pueblo colombiano tenga el derecho de enterarse, conocerlos y votarlos si está o no está de acuerdo con esos compromisos. Hay que exigir que el Gobierno con toda la transparencia le muestre a los colombianos que es lo que va negociar y cuando ya el pueblo conozca lo que se negocia entonces decida si apoya o no esa negociación”
“El referendo sería en principio el mecanismo más apropiado para poder hacer la consulta sobre esta negociación. No estoy de acuerdo con una constituyente como lo quiere las Farc porque es entrar a reformar toda la constitución colombiana por presión de las Farc”

De igual manera señala que, “No podemos estar girando cheques en blanco para que dentro de 30 años nos demos cuenta que el costo fue totalmente desproporcionado frente a los beneficios de firmar esta negociación”. El pueblo debe conocer adecuadamente lo que se negocia y votar si está a favor o no está a favor de esta negociación. Debemos ser cuidadosos para que en nombre de la paz no se terminen metiendo goles que a futuro señalen a la generación de 2105 como irresponsable por aprobar una negociación otorgando facultades al presidente sin conocer y analizar detalladamente sus consecuencias.
Es un debate que seguro se intensificará en las próximas semanas y será un tema muy importante dentro de la agenda política del país.